Compañeros mártires asesinados entre el y el de Junio de 1956 ... PRESENTES

PROYECTO DE DECLARACION -- TEXTO ORIGINAL

Senado de la Nación Secretaría Parlamentaria Dirección Publicaciones (S-1345/06) PROYECTO DE DECLARACION El Senado de la Nación DECLARA: Artículo 1°: El Senado de la Nación declara su Homenaje a la memoria de los mártires asesinados por fusilamiento en las Jornadas del 9 al 13 de junio de 1956. Artículo 2°: El Senado de la Nación vería con agrado que el Poder Ejecutivo Nacional, por intermedio del Ministerio de Educación Ciencia y Tecnología, con el Consejo Federal de Educación y la Secretaría de Políticas Universitarias, declararan el 9 de junio de 2006 como Jornada Nacional de reflexión para que hechos como los relatados no vuelvan a suceder nunca más en la Argentina. Adriana Bortolozzi de Bogado.- FUNDAMENTOS Señor Presidente: Con motivo de cumplirse el próximo 9 de junio 50 años de un genocidio, proponemos homenajear la Memoria de los ciudadanos argentinos asesinados por fusilamiento entre los días 9 y 13 de junio de 1956, por decisión del gobierno de facto encabezado por el entonces Presidente, General. Pedro Eugenio Aramburu, y Vicepresidente Almirante Isaac Francisco Rojas, como antesala del terrorismo de Estado de la década del 70. Ellos fueron: Carlos Alberto Lizaso, Nicolás Carranza, Francisco Garibotti, Mario Brion y Vicente Rodríguez, asesinados en el basural de José León Suárez (Provincia de Buenos Aires) en la madrugada del 10 de junio de 1956, por orden del jefe de la Policía de la Provincia de Buenos Aries, Coronel ® Desiderio Fernández Suárez. Tte. Coronel José Albino Irigoyen, Capitán Jorge Miguel Costales, y los civiles: Dante Hipólito Lugo, Clemente Braulio Ross, Norberto Ross y Osvaldo Alberto Albedro, asesinados en la Unidad Regional Lanús de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, en la madrugada del 10 de junio de 1956, por orden del Subjefe de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, Capitán de Corbeta Salvador Ambroggio. Coronel Eduardo Alcibíades Cortines, Coronel Ricardo Santiago Ibazeta, Capitán Néstor Dardo Cano, Capitán Eloy Luis Caro, Teniente de Banda Néstor Marcelo Videla y Teniente 1° Jorge Leopoldo Noriega, asesinados en Campo de Mayo el 11 de junio de 1956. Sargento Hugo Eladio Quiroga, Suboficial Principal Miguel Angel Paolini, Suboficial Principal Ernesto Garecca, y Cabo Músico José Miguel Rodríguez, asesinados en la Escuela de Mecánica del Ejército el 11 de junio de 1956. Sargento Músico Luciano Isaías Rojas, Sargento Ayudante Isauro Costa, y Sargento Carpintero Luis Pugnetti, asesinados en la Penitenciaría Nacional de Las Heras, el 11 de junio de 1956. Teniente Coronel Oscar Lorenzo Cogorno, y Subteniente de Reserva Alberto Juan Abadíe, asesinados: el primero el 11 de junio de 1956, y el segundo al día siguiente, ambos en el Regimiento 7 de Infantería de La Plata. De toda la nómina, éstos fueron los únicos fusilados bajo el imperio de la Ley Marcial. General de División Juan José Valle, asesinado el 12 de junio de 1956 en la Penitenciaría Nacional de Las Heras. Queremos también rendir nuestro homenaje a los militares y civiles muertos en los enfrentamientos producidos con motivo de la insurrección y represión: -Blas Closs: soldado conscripto del Regimiento 7 de Infantería de La Plata, aspirante a Oficial de Reserva; -Bernardino Rodríguez: Infante de Marina; -Rafael Fernández: Inspector de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, y los Civiles: Ramón Raúl Videla, Carlos Irigoyen, Rolando Zanetta, y Miguel Angel Mouriño. En el año 2005, el Sr. Jefe del Estado Mayor General del Ejército, Tte. Gral. Roberto Bendini, en un acto realizado en Campo de Mayo con motivo de la recordación a los caídos del 9 de junio de 1956, dijo: “...Una Nación no puede crecer sin justicia, sin memoria, sin verdad...”, “...Tenemos la firme decisión para que nunca más las armas de la patria se conviertan en instrumentos al servicio de la intolerancia y de la opresión...”. Este Congreso de la Nación sancionó la Ley N° 25.192/99 por la que se otorgó una reparación económica como beneficio extraordinario a los familiares causa-habientes de las personas fallecidas entre el 9 y el 13 de junio de 1956, con motivo de la represión del levantamiento cívico-militar cuyo objetivo era la vuelta al imperio de la Constitución y a las formas democráticas de gobierno. El periodista y escritor Rodolfo Walsh -asesinado por la Dictadura Militar en 1977-, expresa en su libro “Operación Masacre” (pág. 87): “... La proclama firmada por los Generales Juan José Valle y Raúl Tanco fundaba el alzamiento en una descripción exacta del estado de cosas. El país, afirmaba, “vive una cruda y despiadada tiranía”; se persigue, se encarcela, se confina; se excluye de la vida cívica “a la fuerza mayoritaria”; se incurre en “la monstruosidad totalitaria” del Decreto 4161 (que prohibía siquiera mencionar a Perón); se ha abolido la Constitución para liquidar el artículo 40 que impedía “la entrega al capitalismo internacional de los servicios públicos y las riquezas naturales”; se pretende someter por hambre a los obreros a la “voluntad del capitalismo” y “retrotraer el país al más crudo coloniaje, mediante la entrega al capitalismo internacional de los resortes fundamentales de su economía”. Dicho en 1956, esto era no solo exacto: era profético...” En horas de la mañana del 10 de junio de 1956, un grupo de civiles armados ingresó a la cárcel de Caseros (Ciudad de Buenos Aires), con la evidente complicidad de las autoridades de la misma, con el propósito de asesinar a algunos dirigentes políticos y gremiales peronistas, de entre los muchos que estaban allí prisioneros del régimen militar. Los señalados fueron: Dr. Alejandro Leloir, ex Presidente del Partido Peronista; Dr. Oscar Albrieu, ex Ministro del Interior; Dr. Antonio J. Benítez, ex Presidente de la Cámara de Diputados de la Nación; Dr. Alberto Rocamora, ex Diputado de la Nación; Dr. John William Cooke, ex Diputado de la Nación, y el Sr. Manuel Damiano, ex Secretario General del Gremio de los Periodistas. Con insultos hacia sus personas, fueron informados que serían inmediatamente fusilados. Al preguntar las razones, fueron respondidos que era por su calidad de peronistas, y que por ello no merecían juicio previo ni defensa alguna. Los llevaron haciéndolos colocar parados de espalda contra un muro del penal y con las manos en alto. Frente a ellos se apostó un pelotón militar con sus armas en posición de tiro. Así estuvieron varias horas, en las que al parecer había órdenes y contra órdenes, hasta que al anochecer de ese día se les comunicó que la ejecución sería al día siguiente. Esa orden nunca llegó, y así salvaron sus vidas. Cabe destacar que los dirigentes señalados no tuvieron ninguna participación en la rebelión del 9 de junio. Otro hecho digno de destacar es lo sucedido en la Embajada de Haití en Buenos Aires. Allí pidieron asilo diplomático el Gral. Raúl Tanco, el Cnel. Fernando González, el Cnel. Agustín Arturo Digier, el Capitán Néstor Bruno, y el Suboficial Mayor Andrés López. Mientras el Embajador de ese país comunicaba en la sede de la Cancillería Argentina el otorgamiento del mismo, fue tomada por asalto la sede de su Embajada por un grupo encabezado por el jefe de la SIDE, Gral. Juan Carlos Quaranta. Los asilados fueron capturados por este grupo y trasladados a un Regimiento de Infantería con sede en Palermo, comunicándoles que serían fusilados de inmediato. Todo esto cuando ya había caducado la vigencia de la Ley Marcial. La protesta del Embajador de Haití, Sr. Jean F. Brierre, ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de la Argentina pidiendo la inmediata restitución de los asilados surtió efecto -ante la posibilidad de un escándalo internacional-, siendo éstos devueltos a la Embajada, desde donde viajaron al exterior. Es preciso destacar que en nuestro país se había abolido para siempre la pena de muerte, y en cuanto al Código de Justicia militar, el gobierno provisional del Gral. Aramburu había eliminado del mismo la pena de muerte para los responsables de las rebeliones militares, por el Decreto N° 8.313/56. De la misma manera, el mencionado Código, en su art. 643, establecía que a un militar que se subleva sin producir hostilidades le correspondía de 2 a 6 años de prisión. Este era el marco legal en aquel momento. Las detenciones de las personas fusiladas se habían producido en la noche del 9 de junio de 1956, antes de la entrada en vigencia del Decreto que establecía la Ley Marcial, el que fue comunicado oficialmente al país por Radio del Estado (hoy Radio Nacional), a las 0.32 horas del 10 de junio de ese año. Sobre la rebelión en sí misma, todos los historiadores coinciden en que fue abortada por el conocimiento preciso que los servicios de informaciones del gobierno tenían, y que posibilitó la masiva detención de civiles y militares en los días previos al 9 de junio. En el libro “Mártires y Verdugos” de Salvador Ferla, se describen todos los hechos protagonizados por los revolucionarios de entonces. El movimiento debía iniciarse en horas de la noche del día señalado, con la irradiación de la proclama revolucionaria a todo el país. Esa era la señal que los militares y civiles involucrados esperaban. El grupo que tenía la misión de hacerlo fue apresado en la Escuela Industrial de Avellaneda, y luego fusilado. El desconcierto cundió entre los revolucionarios de todo el país, que en gran mayoría decidieron no iniciar las hostilidades. Solo lo hizo un pequeño sector en Campo de Mayo, en el Regimiento 2 de Palermo, el Regimiento 7 de La Plata, en la Escuela de Mecánica del Ejército, en la ciudad de Santa Rosa (La Pampa), además de algunos grupos que operaron en Rosario. Solamente en la ciudad de La Plata hubo un combate real, en el que se produjeron bajas de ambas partes, cuando los revolucionarios intentaron tomar la Jefatura de Policía y el Comando de la 2da. División de Ejército. La consigna dada por los Grales. Juan José Valle y Raúl Tanco era la de no producir hechos de sangre, y que las tomas de unidades militares debían hacerse de una manera incruenta, para diferenciarse de los brutales procedimientos utilizados por los llamados “Libertadores” en junio y septiembre de 1955. En Campo de Mayo, a los militares apresados antes de la vigencia de la Ley Marcial se les inició un juicio sumario por parte de un Consejo de Guerra especial. La sentencia recaída expresaba que no había lugar para la pena de muerte, y ello les fue notificado. Aquí no se había disparado un solo tiro. La decisión del Consejo de Guerra fue comunicada al Ministro del Area, Gral. Arturo Osorio Arana, quien respondió que la resolución del Presidente de la Nación era la de fusilar inmediatamente a los implicados. En Palermo los Suboficiales comprometidos con la rebelión ni siquiera iniciaron las acciones para tomar el Regimiento 2 de Infantería. Fueron apresados antes de la vigencia de la Ley Marcial, e inmediatamente fusilados. El 11 de junio de 1956, en horas de la noche, el vocero oficial del gobierno nacional anunció que las ejecuciones proseguirían hasta tanto se entregaran los jefes de la insurrección. Paralelamente la Corte Suprema de Justicia de la Nación solicitó al Presidente Gral. Aramburu el inmediato cese de los fusilamientos. En estas circunstancias, el Gral. de División Juan José Valle decidió entregarse para evitar más derramamiento de sangre de sus compañeros. El gobierno designó mediador al Capitán de Navío Francisco Manrique, quien aseguró al Gral. Valle que su vida sería respetada. En la madrugada del 12 de junio se detuvo al Gral. Valle, y se lo trasladó al Regimiento 1 de Infantería Patricios, y en horas de la tarde de ese mismo día a la cárcel de Las Heras, donde a las 22 hs. fue fusilado. El gobierno nacional había roto la palabra empeñada. El jefe de la rebelión en La Pampa, Mayor Eduardo Phileppeaux, se salvó del fusilamiento porque los suboficiales que aprovisionaron de combustible al avión en el que debía ser trasladado le pusieron agua a la nafta, lo que imposibilitó el vuelo, y permitió que beneficiara a su situación el cese de la vigencia de la Ley Marcial. El hecho más indignante fue el ocurrido en el basural de José León Suárez. En efecto, un grupo de civiles estaba reunido en un departamento interno de un edificio ubicado en la localidad de Florida, Partido de Vicente López, provincia de Buenos Aires, jugando a las cartas y escuchando el relato radial de la pelea de box por el Campeonato Sudamericano entre el argentino Eduardo Lausse y el chileno Humberto Loaiza. Según las crónicas, es posible que el inquilino de ese departamento, de nombre Juan Carlos Torres, podría haber estado vinculado a la conspiración -con el desconocimiento del resto de sus vecinos presentes-, y esperaba ansiosamente la proclama radial. Como ésta no se produjo, la reunión prosiguió normalmente, y al término de la pelea que estaban escuchando, cuando se despedían para retirarse, a las 23,30 hs., irrumpió violentamente el Jefe de Policía de la provincia de Buenos Aires, Cnel. ® Desiderio Fernández Suarez con un grupo de tareas. Preguntó dónde estaba el Gral. Tanco, a quienes los presentes no conocían, y luego los detuvo a todos excepto a Juan Carlos Torres, quien en la confusión aprovechó para fugarse. Las crónicas hablan de 12 o 13 personas, en su mayoría trabajadores y padres de familia (también apresaron a transeúntes ocasionales que nada tenían que ver con la citada reunión), que fueron trasladadas a la Unidad Regional San Martín de la Policía de Buenos Aires. Alrededor de las 5 de la mañana del día 10 de junio todo ese grupo de ciudadanos, compuesto por: Nicolás Carranza, Francisco Garibotti, Vicente Rodríguez, Horacio Di Chiano, Miguel Angel Giunta, Rogelio Díaz, Carlos Lizaso, Norberto Gavino, Mario Brion, Juan Carlos Livraga, Reinaldo Benavídez, Julio Troxler, después de su identificación, fue llevado en un camión a la ciudad de La Plata -relatan los sobrevivientes que eso les habían comunicado-. Pero el verdadero destino de ese viaje era un descampado -el basural de José León Suárez. Allí los obligaron a descender, y los dividieron en dos grupos de seis personas. Con la luz de los faros de los vehículos la patrulla policial comenzó a disparar sobre ellos. Murieron inmediatamente los nombrados para este homenaje al comienzo de la presente (cinco en total). Varios de los sobrevivientes que lograron fugarse -algunos malheridos-, fueron nuevamente apresados y recibieron un trato inhumano, mientras que otros pudieron asilarse en la Embajada de Bolivia. Gracias a todos ellos y a la valiente investigación de Rodolfo Walsh, la posteridad pudo conocer la criminal acción de aquel gobierno ante indefensos ciudadanos. La mayoría de los partidos políticos integrantes de la Junta Consultiva Nacional apoyaron al gobierno de Aramburu, repudiaron la insurrección, y aprobaron los asesinatos por vía de los fusilamientos. Todo ello se halla registrado en los diarios de aquellas infaustas jornadas. Solo la mayoría silenciosa proscripta -el peronismo-, lloró y enterró a sus muertos y comprendió en toda su dimensión la revancha oligárquica. Pese a haber transcurrido 50 años de estos hechos, es necesario que las jóvenes generaciones de argentinos conozcan realmente lo acontecido para que nunca más en la Argentina vuelva a suceder. Adriana Bortolozzi de Bogado.-