Amnistía

Quiénes son los abogados que piden una “amnistía” para los represores Bajo un supuesto mensaje de “concordia” difunden una versión maquillada de la teoría de los dos demonios y buscan victimizar a los genocidas, a los que visitan en las cárceles. Sus vínculos con la Iglesia y con Cecilia Pando.

A falta de un “abogado del diablo”, los represores que purgan condenas por crímenes de lesa humanidad cuentan con toda una asociación de juristas, cada uno de ellos consustanciado con la defensa de quienes cometieron delitos aberrantes durante la última dictadura. Este grupo –que asegura tener 450 miembros– conforma Abogados por la Justicia y la Concordia: organización reaccionaria y ultracatólica nacida en 2009 para actualizar y difundir la teoría de los dos demonios, ahora maquillada con pedidos de “paz”, sostenida desde la victimización y creada como la antítesis del “juicio y castigo” que reclaman Madres y Abuelas de Plaza de Mayo.

La última aparición del grupo fue el 8 de septiembre, en las páginas de La Nación, luego de que un juez hiciera lugar a un amparo por el que la asociación exigió al ministro de Justicia Julio Alak, información sobre 68 víctimas de la represión, planteando sospechas acerca de las condiciones de sus muertes y la transparencia de la indemnización que por ley les corresponde a sus herederos. El juzgado que dio curso al planteo fue el Contencioso Administrativo Federal N° 2, a cargo de Esteban Carlos Furnari, quien en 2009 rechazó dos resoluciones del ex COMFER y de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, avalando así la fusión de Multicanal y Cablevisión, ambas del Grupo Clarín.

El presidente de la entidad es Alberto Emilio Solanet, ex titular de la Corporación de Abogados Católicos, el brazo leguleyo de la curia, nacida en 1935 y bendecida por el Arzobispado de Buenos Aires. La Corporación sigue las enseñanzas integristas de monseñor Héctor Aguer y en varias oportunidades expresó su “solidaridad” con el ex obispo castrense Antonio Basseoto. Hoy, al frente de la Corporación está Eduardo Bieule.

Alberto Solanet es hermano de Manuel Solanet, quien fue hombre de consulta del ministro de Economía Adalbert Krieger Vasena durante la dictadura de Juan Carlos Onganía, y luego fungió como secretario de Hacienda de Leopoldo Galtieri. Aunque no tenga las mismas cucardas, Alberto Solanet es, a las claras, astilla del mismo palo. Además de manifestarse allí donde puede en contra de la legalización del aborto, la distribución de preservativos, el matrimonio igualitario o la despenalización del consumo personal de drogas, el abogado es un ferviente apologista de lo hecho por la Junta Militar.

“Estos tan traídos Derechos Humanos, expropiados por el kirch-nerismo y sus jueces cómplices, son una ideología más. ¡Son fruto –que ya se adivina trágico– de una ideología sin Dios, sin Patria y también sin humanidad alguna!”, bramó el 7 de junio pasado el vicepresidente de la entidad, Gerardo Palacios Hardy, para quien los juicios contra los uniformados y sus cómplices civiles son parte de “un proyecto de reingeniería social, concebido para dominar a las naciones débiles, especialmente aquellas de tradición cristiana”.

Los juristas en cuestión dicen encabezar una cruzada por “800 presos políticos”. Según su estatuto, Abogados por la Justicia y la Concordia nació para “bregar por la vigencia irrestricta del Estado de Derecho” en “este momento oscuro que vive la Patria”. Con ese fin, además de operar como un clásico grupo de lobby, sus integrantes también se hacen presentes en los tribunales donde se juzgan delitos de lesa humanidad, brindan conferencias –rodeados de panelistas como Jorge Vanossi o Vicente Ma-ssot– y, lo que es clave en su estrategia, visitan a los represores en sus celdas. “Para encontrarnos con los presos, recoger sus inquietudes, levantarles el ánimo”, explicó Solanet. Además confesó que al retirarse de los penales de Marcos Paz, Ezeiza, Campo de Mayo y Villa Devoto, “uno sale edificado por el testimonio de valor y patriotismo que nos contagian”, en referencia a las charlas que mantienen con internos como Jorge “Tigre” Acosta, Alfredo Astiz, Ricardo Cavallo o Luis Abelardo Patti. 


Además de su respaldo en el ala más dura de la curia, estos letrados mantienen vínculos con el ultramontano Colegio de Abogados de la calle Montevideo y con el Foro de Estudios sobre la Administración de Justicia, una de las usinas de pensamiento de la derecha liberal argentina. Pero donde encontraron una entidad hermana es en el conjunto de activistas que lidera Cecilia Pando. La empatía es total con la Asociación de Familiares y Amigos de Presos Políticos de Argentina (AFyA PPA). De hecho, ambas organizaciones comparten manifestaciones en la Plaza San Martín o frente al Palacio de Tribunales. En 2009 durante uno de esos mitines, el abogado Tomás Bosch sostuvo que “toda la justicia federal aparece dedicada a perseguir hombres maduros o ancianos, por hechos ocurridos hace 40 años”, mientras “los delincuentes nos matan en la calle o en nuestra misma casa, bandas amenazantes nos impiden circular por las rutas, y la Corte bendice el consumo de drogas”.

“Somos conscientes de que en los años 70 hubo una guerra, y que la subversión marxista agresora fue derrotada en el terreno de las armas, por esas Fuerzas Armadas que combatieron en defensa de la Nación”, declaró Solanet en agosto de 2010. “Somos conscientes de que se cometieron torpezas en medio de la guerra. Pero somos igualmente conscientes de que hoy (…) tanto el poder político, en el que muchos de los terroristas de entonces se han encaramado, y los jueces prevaricadores que le son funcionales, llevan adelante este plan perverso de odio y venganza.”

En la primera carta enviada a la Corte adhirieron firmas como las del ex fiscal general de la Cámara del Crimen Norberto Quantín, el ex embajador Abel Posse –fallido ministro de Educación de Mauricio Macri–, el economista Guillermo Walter Klein –mano derecha del ex ministro José Alfredo Martínez de Hoz–, el ex juez de la dictadura Federico Young y Juan Aberg Cobo, abogado de varios represores.


Más tarde, esta organización le exigió a Lorenzetti que dejara su cargo: “Renuncie, Señor Presidente; se ha arrodillado y, peor aun, ha arrodillado al Poder Judicial.” En agosto pasado, también pidió la inmediata salida de Eugenio Zaffaroni y, de paso, de todos los integrantes de la Corte, “ya que la obligación de actuar con decoro los inhibiría para integrar el mismo Tribunal con dicho juez.”


Solanet y compañía tuvieron una activa participación en el debate por la ley de matrimonio entre personas del mismo sexo –“con la misma majadería, desparpajo e irresponsabilidad, podrían haber decidido que Dios no existe o derogado la ley de gravedad”– y dieron su apoyo a los medios concentrados. En marzo de este año, denunciaron “un flagrante atropello al orden jurídico, en perjuicio directo contra los diarios Clarín y La Nación”, en relación al mentado bloqueo a las plantas de impresión en medio de un conflicto laboral.


Según su propio relato, desde 2009 a la actualidad el grupo duplicó sus filas. Pero también sumaron nuevas preocupaciones: a la defensa de represores uniformados, los Abogados por la Justicia y la Concordia agregaron el temor que les genera el avance de la justicia sobre los cómplices y partícipes civiles de la dictadura, a partir de los casos testigo de Martínez de Hoz y Jaime Smart. “Nosotros postulamos una generosa amnistía”, se ataja Solanet, apelando a una virtud que sus defendidos jamás tuvieron.  


La clave


REACCIONARIOS. Además de oponerse a los Juicios por la Verdad, la agrupación se manifestó con furia en contra del matrimonio homosexual, el debate por la legalización del aborto, la eutanasia y la despenalización del consumo personal de drogas.


Circuito Camps, a juicio 


Veintidós ex policías de la Bonaerense, tres ex militares y un civil serán juzgados desde hoy por el Tribunal Oral Federal 1 de La Plata acusados de perpetrar 300 crímenes de lesa humanidad en seis centros clandestinos de detención que integraban el denominado Circuito Camps durante la última dictadura. 

Con respecto al máximo tribunal, el grupo lo considera “la peor Corte Suprema que ha tenido la república en toda su existencia”, y en cartas dirigidas al presidente del cuerpo, Ricardo Lorenzetti, sostuvo que “a los militares y fuerzas de seguridad, empleados para combatir el terrorismo, se les han negado derechos y principios.” Según la entidad, los genocidas son ahora víctimas de una justicia persecutoria. 

La palabra

Por primera vez, será sometido a juicio un funcionario civil del gobierno de facto, el ex ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, Jaime Lamont Smart, imputado de violaciones contra los Derechos Humanos. Los magistrados analizarán los delitos cometidos en perjuicio de 280 víctimas, entre ellas once mujeres embarazadas, tres niños nacidos en cautiverio y otros cuatro secuestrados junto a sus padres. La semana última, el presidente del tribunal, el juez Carlos Rozanski, denunció el “recrudecimiento de las intimidaciones” en su contra que sufrió en los últimos meses. 

“Amnistía”. Estos juristas sostienen que es la única forma de traer “paz” a la sociedad argentina.


Tomado de Tiempo Argentino de hoy por Carlos Romero