Por
ANTONIO ANGEL CORIA
“la Historia dirá que las fuerzas armadas asesinaron a centenares de compatriotas. . . el juicio de la posteridad será implacable con los jefes y oficiales que consumaron el crimen . . . también lo será con aquellos que tuvieron la posibilidad de impedirlo y no lo hicieron . . . no crean que el 1º de mayo (DÍA EN QUE ASUMIRÍA COMO PRESIDENTE ARTURO FRONDIZI) haremos borrón y cuenta nueva. . . todavía nos quedan energías para exigir el juzgamiento de los fusiladores y el proceso a los culpables de la devastación argentina. . .”
(Agrupación Popular, Punta Alta, de documento del 21 de abril de 1958)
Aunque
no hayan sido tratados en los juicios al genocidio reciente – quizás se los
haya mencionado sin profundización y me refiero al bombardeo sobre Buenos Aires
el 16 de junio de 1955; al golpe de estado del 16 de septiembre del mismo año; al
bombardeo salvajemente despiadado sobre Río Colorado (Pcia.
de Río Negro) en aquellos días; a los fusilamientos de
junio de 1956; a los muertos inocentes de cada enfrentamiento entre golpistas; a
los miles de muertos y desaparecidos entre 1966 y 1973 – sin dudas que este que
acaba de cerrarse aquí, en Bahía Blanca, es ejemplarmente histórico. Encierra
una inconmensurable enseñanza que ninguno podemos desaprovechar.
Prima
facie se lo reconoce y reivindica con toda razón y derecho como el
resarcimiento por el dolor de las víctimas, en un orden que permite
hacer efectivo el famoso “nunca más” con que se clausuró el “juicio a las
juntas”, en los albores de la recuperación democrática. Se hace así, Justicia.
Más
no debemos quedar anclados tan sólo en este hito del presente. A quienes la Historia nos encontró
durante casi seis décadas en lucha permanente por la vigencia del Estado de
Derecho, válido sólo por la vigencia de las instituciones de la Constitución, la
elaboración de este fallo como se desprende del alegato del Ministerio Público
Federal, colma expectativas. Y esto es
así, en cuanto que, aún sin leerlo expresamente en términos que a nadie le
dejen dudas, como nos interesa, reivindica
como herramienta para la construcción de la democracia lo que aquella establece.
En
el contenido de la argumentación del alegato final de la Fiscalía Federal de
Bahía Blanca y en la sentencia misma del H. Tribunal Oral Federal, apreciamos
claramente sentado el fin de la impunidad con que los genocidas habían
planificado ocultar sus tropelías por las que ahora pagarán con cárcel. Respecto
de la condena y los condenados, el veredicto se recibe como el más
importante de los conocidos hasta hoy en juicios de esta naturaleza.
Son sus definiciones, en las que alguna vez fijamos esperanzas como acto de
Justicia: unanimidad; lesa humanidad; genocidio; prisión perpetua; cárcel
común; baja y destitución del ejército y baja de las fuerzas de seguridad de
los condenados; investigación por hechos delictivos a directivos del diario La Nueva Provincia y a un clérigo
de la diócesis bahiense.
De
otro lado, al haber sido señalado en el desarrollo del juicio que de ninguna
manera han de ser gobernantes legítimos ni legítimo será lo que de ellos emane
y surja como consecuencia de la violación de la voluntad popular que acaba de
juzgarse, nos queda una lección de cultura ciudadana que la sociedad toda debe
aplicar. Ciertamente, el golpismo cívico militar que
instauró feroces tiranías – 1955; 1966; 1976 – del que hemos sido víctimas,
testigos y resistentes, debe quedar condenado y desterrado como concepto para
construir Democracia.
Si
bien no es para despreciar el sedimento totalitario que dejaron los jinetes del
Apocalipsis, esta magistral enseñanza dada por el Tribunal Oral Federal que
actuó en un espacio que se creía inexpugnable (muchos cómplices de asesinos y
vendepatria rondan) debe incorporársela a nuestra estructura cultural,
empezando con seriedad de estadistas desde la base, para el caso y a modo de
simple ejemplo, la currícula de la educación en todos sus niveles. Ninguna
política de estado nace de un repollo. Y nada se construye sólidamente sin raíces
y cimientos adecuados. La
Nación y su Pueblo no son sin sus instituciones estratégicas,
como, al contrario, suelen pretender los que “planifican” con criterios de
coyunturas.
Las
generaciones presentes tenemos derecho al goce de lo que demanda una vida
digna. Pero es nuestra obligación también proyectarnos en función de las que
vendrán. De allí que al tomar este veredicto de condena al terrorismo de
estado, lo encuadremos en la condena y castigo histórico al golpismo como
herramienta de la política. Que hoy ese fallo esté circunscrito al caso
de la tiranía desatada el 24 de marzo – que, para hablar con propiedad, no
debemos nombrarla ni “proceso”, ni “dictadura”, eufemismos que la
superestructura cómplice ha sabido incorporar a la cotidianeidad de nuestro lenguaje
– no quiere decir “aquí terminó todo”. En todo caso nos hace depositarios a
trabajadores, profesionales, académicos, empresarios, estudiantes, rurales o
urbanos, civiles o militares, gobernados o gobernantes, de la inmensa responsabilidad de
construir Democracia.
- - Bahía Blanca, 13 de septiembre de
2012 - -
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